Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Los debates en el peronismo para armar un frente contra Javier Milei reeditan viejas alianzas que ya han llevado a la decepción. Lo que necesita el pueblo trabajador no es un nuevo frente patronal, sino una nueva alternativa política como lo postula el Frente de Izquierda Unidad.

La crisis social, agravada por los escándalos de corrupción, erosiona cada vez más al gobierno de Milei. Frente a su pronunciado desgaste, los distintos sectores en que se divide el peronismo comienzan a plantear un objetivo: intentar construir un frente electoral anti-Milei. “Hablan de enfrentar a Milei, pero en su fuero íntimo se preparan para la competencia interna”, dice un medio. No convocan a aprovechar la crisis del gobierno para llamar a derrotar a su plan motosierra, sino pensando en las elecciones de 2027. Plan motosierra que también aplican los gobernadores.

El propio anuncio de hacer un frente amplio contra Milei puede generar algún grado de simpatía. Pero lejos de representar una novedad, sería una nueva reedición de alianzas entre políticos patronales que ya gobernaron, como el Frente de Todos y Unión por la Patria, llevando a amplios sectores a la una justa desilusión. Grabois ya lanzó su candidatura y Kicillof de hecho está en eso. 

Pichetto, Uñac, Massa…

En febrero de este año, el peronista de centroderecha Miguel Ángel Pichetto (quien gobernó con Macri) le propuso a Cristina Fernández la conformación de “un frente democrático, capitalista y productivo”, una definición que deja en claro los límites de ese armado y su compromiso con los mismos intereses económicos de siempre.

El senador Sergio Uñac (que votó la reforma a la ley de glaciares en favor de las mineras) planteó una gran interna abierta. Sergio Massa también está activo. Dicen desde distintos sectores que el armado se podría completar con los gobernadores con peluca que le garantizaron los votos al oficialismo para que salga la reforma laboral y la ley de glaciares: los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). Aliados de Milei que podrían ser exonerados. 

Kicillof y la propuesta de Máximo y Cristina

Axel Kicillof ensaya gestos de apertura hacia sectores del radicalismo y del macrismo con acuerdos con Maximiliano Pullaro y reuniones con los ex macristas Nicolás Massot y Emilio Monzó. Desde su entorno plantean la necesidad de “ampliar” el frente más allá del peronismo. “Me encontré con una persona diferente. Lo vi con los pies sobre la tierra”, dijo Massot de Kicillof.

Del otro lado, Máximo Kirchner intenta fijar condiciones para esa ampliación. ¿Qué propone? Un acuerdo sobre tres puntos: deuda externa, modelo productivo y reforma al Poder Judicial. Sobre el tema de la deuda su plan sería “que se va a pagar, no quieren un default, pero se tienen que sentar a discutir las condiciones.” (Página12, 19/4). ¿Pero qué modelo productivo puede haber si propone pagar una deuda usurera y fraudulenta? Discutir mejores condiciones lleva a la trampa de que puede haber acuerdos buenos con el FMI. Una mentira total. 

Este punto ordenador de un posible frente para La Cámpora implicaría un condicionamiento estructural que traerá mayores penurias para el pueblo trabajador.

Así, la llamada “oposición” se configura sin cuestionar los pilares del modelo: brutal ajuste, saqueo y dependencia. Es un frente que puede reunir desde gobernadores que acompañaron al oficialismo, a sectores del radicalismo, ex macristas, e incluso a figuras ajenas a la realidad cotidiana del país. 
Frente a este escenario, el Frente de Izquierda Unidad se plantea como una alternativa política independiente de los gobiernos y de los bloques que administran el ajuste. Su crecimiento no responde a acuerdos de cúpula, sino a una construcción sostenida en las luchas. No se trata solo de disputar elecciones, sino de construir una salida propia de las y los trabajadores. Frente a los intentos de reciclar lo ya conocido, la verdadera novedad sigue siendo que quienes nunca gobernamos podamos hacerlo: la izquierda junto al pueblo trabajador.

Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Las denuncias falsas por motivos de género representan menos del 1% a nivel mundial, según datos de ONU Mujeres de 2024. En Argentina, de acuerdo con datos elaborados en 2025 por el Consejo de la Magistratura, menos del 3% de las denuncias penales serían falsas y estarían vinculadas principalmente a delitos económicos. La idea que el gobierno pretende instalar acerca de una supuesta “epidemia” de denuncias falsas no solo es reaccionaria, sino también engañosa.

A continuación, se presentan algunas conclusiones de un documento elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil que se oponen al proyecto de ley S-0228/2025, el cual propone aumentar las penas para quienes denuncien falsamente situaciones de violencia de género o abusos. Entre las firmantes se encuentran el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional, la Fundación Mujeres por Mujeres y Ni Una Menos, entre otras.

“Este problema no se soluciona con medidas que incrementen las barreras para las víctimas y que, en la práctica, podrían fortalecer la impunidad de los agresores. En todo caso, el principal problema que debe resolverse para abordar de manera eficiente el fenómeno que hoy se señala como ‘denuncias falsas’ es la falta de celeridad en la resolución de los procesos judiciales en general, y de los penales en particular.

No todo hecho que no haya podido acreditarse responde a una ‘falsa denuncia’. Existen numerosos casos en los que los propios fiscales presentan acusaciones que no logran probarse en juicio, y no por ello se presume que las fiscalías actúen guiadas por ‘falsas denuncias’. En ocasiones, lo que sucede es que no se ha logrado reunir la prueba necesaria, en el marco del debido respeto de las garantías del proceso penal, para alcanzar una condena. En todo caso, lo importante sería lograr que la resolución (en uno u otro sentido) no se extienda indefinidamente en el tiempo y que se lleve adelante de un modo que evite la revictimización de las personas involucradas en el proceso”.

Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad
 
La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, expresó el 10 de abril en su cuenta de X que “el ‘trabajo no remunerado’ dentro del hogar no existe” y lo justificó afirmando: “Tenemos que estar advertidas de que sostener que la vida en nuestra propia casa implica el reconocimiento económico es una infección de la ideología de género en el hogar”.

Subida a la ola reaccionaria de la ultraderecha conservadora, la presidenta de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no solo niega el trabajo dentro del hogar (y el tiempo dedicado a él), sino también las consecuencias que se desprenden para quienes lo realizan, mayoritariamente mujeres.
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021) del Indec, las mujeres en Argentina dedican, en promedio, seis horas y media diarias a las tareas de cuidado y limpieza dentro del hogar, mientras que los varones dedican aproximadamente la mitad, tres horas y media. La primera consecuencia es que las mujeres cuentan con tres horas menos al día para estudiar, realizar actividades recreativas o simplemente descansar. Es decir, tienen menos tiempo libre. Esta falta de tiempo explica, en parte, por qué acceden a trabajos más precarios y peor remunerados, lo que contribuye a la feminización de la pobreza y a una brecha salarial del 25%.

En segundo lugar, las mujeres realizan un trabajo que demanda, en promedio, seis horas diarias sin recibir remuneración. De acuerdo con el último informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2020), en nuestro país el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9% del Producto Bruto Interno, es decir, de todo lo que produce la economía nacional en un año. Se trata del sector de mayor aporte dentro de la economía, incluso por encima de la industria (13,2%) y el comercio (13,0%).

¿Por qué no se remunera este trabajo? En gran medida, porque vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal que busca obtener ganancias de casi todas las actividades. En ese marco, los gobiernos utilizan diversas instituciones (como las iglesias, los medios de comunicación, las redes sociales y el sistema educativo) para inculcar, desde edades tempranas, la idea de que estas tareas deben ser realizadas por las mujeres por amor y no a cambio de un salario.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad
  
En el canal de streaming Gelatina, el diputado de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Juan Grabois, sostuvo la idea de “buscar alguna interna abierta” hacia las elecciones presidenciales de 2027. En dicha entrevista expresó: “Habrá que buscar alguna interna abierta. Hay un montón de candidatos. Estoy yo, Axel, Massa, Llaryora, Moreno, Pichetto [...] que venga Bregman también”. Ahora bien, ¿la manera de enfrentar la motosierra de Javier Milei es, como dice Grabois, con un frente electoral del peronismo y la izquierda para 2027, o con la unidad de acción en las calles para frenarlo ahora, como proponemos desde Izquierda Socialista/FIT-Unidad?

La propuesta de Grabois tiene un primer problema, que es político. El peronismo, en todas sus variantes, ya gobernó. Recientemente, con la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández como vicepresidenta, lejos de representar una alternativa para las mayorías populares, su gobierno terminó aplicando un ajuste pactado con el FMI, profundizando la pobreza, la precarización laboral y la inflación. Ese fue el terreno fértil que permitió el ascenso de Milei. No se trata de una fuerza que “falló parcialmente”, sino de un gobierno que llevó a una crisis social profunda que allanó el camino a la ultraderecha.

A esto se suma el rol actual del peronismo en el Congreso. Mientras se presenta discursivamente como oposición, sectores del PJ ligados a los gobernadores aportaron los votos necesarios para que avance la reforma laboral esclavista. Tampoco la CGT se jugó a enfrentarla en las calles con un plan de lucha. Esta complicidad no es un hecho aislado, sino la expresión de un acuerdo que sostiene un modelo económico capitalista que prioriza el pago de la deuda, el saqueo, los negocios de los grandes grupos económicos y la subordinación a los organismos internacionales.

El planteo de Grabois de un gran frente peronista no es novedoso: es lo que ya hicieron con el Frente de Todos o con Unión por la Patria, proyectos que fracasaron. El FIT-Unidad no tiene nada que ver con el oportunismo electoral del peronismo ni con su programa de conciliación de clases. Representa la mayor unidad de la izquierda revolucionaria lograda en los últimos quince años y es una fuerza política en ascenso por su coherencia, su programa de lucha y su independencia frente a todos los gobiernos de turno.

Por eso nos reconocen en la calle, por estar dando la pelea dentro y fuera del Congreso. Porque estamos los miércoles con las y los jubilados, peleando por el presupuesto para las universidades públicas, enfrentando la reforma a la Ley de Glaciares y en cada lugar de trabajo o estudio, construyendo una alternativa distinta para que gobiernen quienes nunca gobernaron: las y los trabajadores junto a la izquierda.

No se trata sólo de diferencias tácticas o electorales, sino de estrategias de fondo completamente opuestas. El peronismo propone sostener las ganancias empresariales, garantizar el saqueo de las multinacionales y el pago de la deuda externa. Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad sostenemos lo contrario: que la crisis la paguen quienes la generaron. Planteamos romper con el FMI, nacionalizar la banca y el comercio exterior, y avanzar hacia un plan económico alternativo al servicio de garantizar las demandas populares de la clase trabajadora y los sectores populares.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Javier Milei es un negacionista de la última dictadura militar. ¿Qué significa esto? Que pretende instalar una versión falsa de la historia, negando los hechos, relativizando los crímenes de lesa humanidad y, lo que es peor, reivindicando el terrorismo de Estado. Desde que asumió viene atacando a los organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, desmantelando sitios de memoria (ex centros clandestinos de detención y tortura) y recortando el funcionamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, organismo clave para la búsqueda de bebés apropiados durante la dictadura.

Entre sus mentiras, intenta imponer (con todo el aparato estatal) la idea de que no fueron 30 mil las y los desaparecidos. Sin embargo, existe un informe del propio gobierno de Estados Unidos de 1978 (apenas dos años después del golpe) que ya registraba 22 mil desapariciones, cuando aún faltaban los años más sangrientos del terrorismo de Estado.

Ahora, a 50 años del golpe, lanza una nueva provocación: pretende perdonar a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Los mismos genocidas que cumplen condena en cárceles comunes y que fueron visitados por diputados libertarios, a quienes Martín Menem incluso les facilitó una combi del Congreso. Para avanzar, el gobierno tiene dos caminos: una amnistía aprobada por el Congreso o un indulto presidencial. La primera borra el delito; la segunda perdona la pena. Ambas opciones serían gravísimas.

El antecedente más cercano son los indultos dictados por el presidente peronista Carlos Saúl Menem entre 1989 y 1990, que beneficiaron a cientos de militares y civiles responsables de crímenes de la dictadura. El repudio popular fue tan fuerte que la Corte Suprema terminó declarándolos inconstitucionales en 2007. Actualmente está vigente la Ley 27.156, que prohíbe indultar o amnistiar delitos de genocidio y lesa humanidad. Pero Milei ya demostró que no tiene reparos en atropellar consensos básicos institucionales o judiciales.

Sin embargo, la historia también demuestra que cada intento de garantizar impunidad a los genocidas chocó con la lucha popular. Frente a los avances negacionistas del gobierno, la respuesta debe ser más movilización para defender las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Porque en nuestro país no hay lugar para la impunidad: fueron 30 mil y fue genocidio.